Lo que no se podrá escuchar en este especial son las voces del Estado ni de los promotores de proyectos turísticos en el territorio garífuna. Y no es porque el equipo de Radio Progreso no se haya esforzado en obtener su versión ante los reclamos de las comunidades afectadas. Simplemente, no responden. Por eso, las versiones que aquí se dan son las de protagonistas y víctimas de este despojo cuyo origen se remonta hasta la Constitución de la República. Por lo que aquí veremos y oímos, no es comprensible que el Estado siga ignorando y dando el silencio por respuesta a una cuestión básica de justicia y derechos humanos.

La presión de proyectos turísticos, la expansión agroindustrial y otros intereses sobre la costa han acompañado procesos de ocupación y desplazamiento denunciados durante décadas por las comunidades. Ante la falta de respuesta efectiva de las instituciones hondureñas, la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) llevó varios de estos conflictos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El resultado son cuatro sentencias de la Corte Interamericana: Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, en 2015; San Juan, en 2023; y Cayos Cochinos, en 2026. Los fallos abordan vulneraciones de derechos como la propiedad colectiva y la consulta previa, y el más reciente incorpora además la relación entre el territorio marítimo y el derecho a la alimentación. “La tierra es nuestra madre y el mar es nuestro padre”, dice un líder comunitario.

Como el silencio raramente es inocente, en estas comunidades se acompaña o ampara de un patrón de violencia regular que se ha desarrollado en las dos últimas décadas: amenazas, despojos, desapariciones y el asesinato de más de 50 personas de la comunidad sin apenas repercusión ni culpables condenados.

Integrantes de la Ofraneh instalados en el campamento frente a la Corte de Justicia en Tegucigalpa.

Este especial WUAMUA LE GARINAGU comienza en Triunfo de la Cruz, en la Bahía de Tela. La Corte IDH determinó que Honduras no había garantizado adecuadamente la titulación, delimitación y demarcación de las tierras tradicionales, el disfrute efectivo de la propiedad colectiva ni el derecho a la consulta. Más de una década después, la comunidad continúa denunciando disputas territoriales y amenazas vinculadas a su defensa. La desaparición en 2020 de cuatro líderes de la comunidad, cuyo paradero continúa desconocido según el reportaje, muestra hasta dónde puede llegar el coste humano de esta lucha.

En Punta Piedra, departamento de Colón, el territorio reconocido por el título comunitario alcanza 2.013 hectáreas, pero sus habitantes sostienen que disponen en la práctica de apenas unas 800. El conflicto con el asentamiento de Río Miel se remonta a los años noventa y ha estado marcado por amenazas y violencia. En 2015, la Corte ordenó al Estado devolver las tierras usurpadas a la comunidad. El reportaje documenta cómo, más de diez años después, sus habitantes siguen reclamando la restitución efectiva.

La tercera parada es San Juan, también en la Bahía de Tela. En agosto de 2023, la Corte responsabilizó a Honduras por vulneraciones relacionadas con la protección de su territorio ancestral y reconoció violaciones de los derechos a la propiedad, la participación pública, el acceso a la información, la integridad personal y las garantías y protección judiciales. Tres años después, la comunidad continúa denunciando amenazas y ha iniciado acciones de recuperación de tierras que considera parte de su territorio colectivo.

Cayos Cochinos amplía finalmente la dimensión de esta batalla. La sentencia de 2026 lleva el debate desde la tierra hacia el mar y, según la pieza que abre este especial, establece un precedente al relacionar el territorio marítimo garífuna con el derecho fundamental a la alimentación. Para comunidades cuya supervivencia y cultura están estrechamente vinculadas a la pesca, defender el acceso al mar es también defender su continuidad.

Tercer campamento garífuna instalado en playa Uvas, Cayos Cochinos.

Las cuatro historias plantean una pregunta que atraviesa todo este especial: ¿qué ocurre cuando una comunidad gana ante la máxima instancia regional de derechos humanos, pero la sentencia no transforma plenamente la realidad sobre el terreno?

Honduras creó en 2024 una comisión intersectorial para impulsar el cumplimiento de las sentencias internacionales, pero los textos recogen obstáculos presupuestarios, institucionales, territoriales y económicos que han frenado las reparaciones.

Las sentencias ya están escritas. Las cuatro piezas que siguen cuentan lo que ha sucedido después: la distancia entre el reconocimiento internacional de los derechos del pueblo garífuna y su ejercicio efectivo en las playas, comunidades, tierras y aguas donde esos derechos deberían hacerse realidad.